La Asociación CULTURA LIBRE presenta una denuncia por supuesta apropiación indebida contra la Sociedad General de Autores (SGAE) en relación con los llamados “derechos anónimos”
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La denuncia parte de unas declaraciones efectuadas a distintos medios de comunicación por el actual Presidente de la Entidad, D. Antón Reixa, así como por el candidato D. José Miguel Fernández Sastrón, donde reconocían una política societaria destinada a no identificar a los titulares de los derechos por aquellas cantidades ya recaudadas y, de este modo lograr, que prescribieran y se reintegrasen en el patrimonio de la Entidad. El escrito persigue poner de manifiesto la actual opacidad en este tema y la necesidad de un mayor control y transparencia en las actividades de las Entidades de Gestión. Esta denuncia responde al mandato recogido en el artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a que todo aquel que tuviera conocimiento de un presunto hecho delictivo lo haga saber a la autoridad judicial. Actualmente, los derechos que gestiona la SGAE son los de comunicación pública, que son aquellos que automáticamente se generan cuando una obra sujeta a derechos de autor se difunde públicamente en todo tipo de lugares (tales como discotecas, conciertos, actos políticos, aeropuertos, atracciones de feria, bodas y banquetes, autobuses, bares, bingos, boleras, cafeterías, cines, clínicas, compañías ferroviarias, gimnasios, peluquerías, grandes superficies, etc.). En este sentido, entre muchos otros conceptos, las emisoras de televisión y de radio suelen pagar a la SGAE un porcentaje general por el uso de las obras declaradas (haciendo uso de unos formularios-modelos que regularmente remiten a la Sociedad) y que se calcula según sus ingresos de explotación. También gestiona los derechos de reproducción mecánica, que se generan por la venta, alquiler o préstamo al público de los soportes en los que se reproducen las obras (cds, discos, etc.). Y, por último, gestiona los derechos de remuneración por copia privada, que básicamente es aquel derecho que deben satisfacer los fabricantes de los soportes y aparatos de reproducción como “compensación” por el uso doméstico que el público en general realiza sobre obras protegidas. Entre todas estas recaudaciones se encuentran los derechos ya recaudados y pendientes de identificación (en adelante “derecho anónimos”). Los “derechos anónimos” son aquellos derechos recaudados por la SGAE a través de sus distintas modalidades de gestión de derechos de autor, cuyos titulares, supuestamente, se encuentran ilocalizables o la documentación respecto de los mismos está incompleta. Las entidades generan montantes de cantidades recaudadas y no repartidas a ningún titular. Es decir, recaudan dinero por un titular y después el titular no lo recibe. La información sobre este tema es bastante escasa, y toda la que existe proviene de las propias entidades y de sus memorias. Además, tal y como ya señaló el importante Informe de la Comisión Nacional de la Competencia (2009) “la LPI tampoco incluye obligaciones de transparencia sobre los repertorios o ámbitos de derechos efectivamente gestionados por las entidades, sobre los costes de gestión, sobre las cantidades no repartidas o sobre los contratos a los que llegan con usuarios individuales. Ello provoca problemas de información que afectan al equilibrio de la negociación”. Se calcula que anualmente la SGAE no logra identificar a los autores de un 15% de derechos que ha recaudado en ese ejercicio, lo que equivale a más de 50 millones de euros (finalmente, lo no repartido se queda en la nada desdeñable cifra de 10 millones de euros debido a que se identifica a los autores) según las cifras manejadas por la Agencia de Evaluación de Calidad (AEVAL), dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas. Como hemos señalado, la denuncia parte de varias entrevistas publicadas en diversos medios de comunicación. En una entrevista concedida para El País (22 de marzo de 2012), D. José Miguel Fernández Sastrón aportó indicios de la actitud presuntamente delictiva de la Sociedad respecto de los llamados “derechos anónimos”: “P. ¿Qué piensa hacer con el dinero no identificado que es propiedad de los autores y que de momento está sirviendo para hacer frente a la hipoteca de Arteria? R. No se pueden abordar los dos problemas por separado. Lo que está pendiente de identificar es precisamente porque falta algún dato que impide localizar a su dueño legítimo. El problema es que no se encontraron esos datos porque no se ha querido […] Hubo una deliberada intención de que prescribieran […] No identificar deliberadamente es una estafa. El asunto ahora es que el no identificado es mucho. Todo se resume en un problema de liquidez, como en tantas empresas ahora mismo”. El propio Sr. Sastrón, en otra entrevista concedida anteriormente a ABC (fechada el 19 de diciembre de 2011), ya afirmó ser conocedor de estos hechos: “No solo ha habido una falta de celo por identificar sino también una intención de no hacerlo porque se necesitaba ese dinero […]”. D. Antón Reixa, respecto a estas cantidades declaró también para El País (22 de marzo de 2012), lo siguiente: “Se había cerrado el grifo para que hubiera un colchón para Arteria”. Según el abogado Servando Rocha, miembro de la Asociación, “la denuncia no tiene como fin causar perjuicio a las SGAE, sino garantizar la correcta protección de los derechos de los autores y restituirles las cantidades que les pertenecen”. Por esta razón, la presentación de la denuncia es un acto de justicia hacia los autores: “La publicación de estas informaciones nos generaron una profunda indignación. Quienes hablaron eran figuras de primer orden en la SGAE. Antón Reixa hoy es el actual Presidente de la entidad, por lo que debía y debe conocer perfectamente este preocupante y lamentable asunto”. Otro miembro de la Asociación, el especialista en nuevas tecnologías y propiedad intelectual David García Aristegui, sostiene que “más que una gestión más racional de los derechos de autor a lo que hay que tender es a nuevos modelos”. Para más información: www.culturalibre.org info@culturalibre.org |


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Me parece perfecto.
Cuando prescribe el plazo compensación por derechos de autor, por falta de identificación del autor, esos derechos anónimos se lo apropia una sociedad establecida como “sin ánimo de lucro”, en virtud de una ley en cuya gestación no han participado más que intereses entre los que no se encuentran los del ciudadano, cuya economía resulta afectada.
Los ciudadanos exigimos que esos derechos no se lo apropie una sociedad gestora por muy “sin ánimo de lucro” que se considere, ya que el patrimonio de estas sociedades gestoras no se pueden considerar público.
Por permitir esto, tenemos unos legisladores (políticos) demasiado ingenuos, o despreocupados del bien común del Estado al que tienen la obligación de servir, lo que da lugar a los abusos y corrupciones que proliferan toda nuestra geografía patria.
Las cárceles de España están esperando la legión de ladrones de bienes públicos que pululan por acá y por acullá; igualmente, las arcas españolas esperan las montañas de bienes sustraidos por esa infame legión.
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